La señora Presidenta

Por Javier Corral Jurado (*)

Un gran paso ha dado la Nación Argentina: la Cámara de Diputados aprobó el jueves de la semana pasada el dictamen de nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, con base en el proyecto que presentó el 27 de agosto anterior, la Señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El procesolegislativo ha sido aleccionador en cuanto a la firmeza de la voluntad política con la que Doña Cristina —talante del que su antecesor no hizo uso—, decidió poner fin a una vergonzosa ley de radiodifusión de la dictadura militar, con la que desde 1983 la democracia argentina coexistió, tan inexplicablemente como nosotros con la ley de radio y televisión de 1960, no obstante el advenimiento de la revolución tecnológica digital. Se trata de una legislación que, de ser confirmada la próxima semana por el Senado de la República, se convertirá en un acto político referencial y una esperanza para América Latina toda.

Con decisión jurídica y precisión técnica, la ley recupera del mercantilismo con el que secuestraron a la política, a la información y al futbol los grupos oligopólicos multimedia de la Nación Argentina. Es, en el mejor desplante de su lenguaje y en el atroz encanto de su ser argentino, “un chorro de ley”.

 

Sólida en la explicación de los diferentes artículos, maciza en la fundamentación constitucional, la ley va desarrollando notas al calce para identificar de dónde sacó la inspiración Doña Cristina: convenios internacionales, tratados, parámetros comparados en directivas de la Comunidad Europea, recomendaciones de los relatores de Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, directrices del plan de acción de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Es fundamentalmente una ley antimonopólica, regula “el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Crea diversos órganos para la vigilancia y aplicación de la Ley: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, conformado por dos representantes del Poder Ejecutivo, tres del Congreso Nacional a través de la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, dos representantes del CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, organismo esencialmente de la sociedad civil, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales. Crea un Consejo Asesor del Audiovisual y la Infancia, y una DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Establece normas que garantizan la diversidad y contenidos regionales; cuota de pantalla del cine y artes audiovisuales nacionales, en los servicios de comunicación audiovisual que emitan señales de televisión. Un capítulo de protección de la niñez y contenidos dedicados. Y en un paso esencial de la garantía del derecho a la información, genera el derecho de acceso a los contenidos de interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad.

Las principales medidas están en las reglas para la propiedad cruzada y límites a la concentración de frecuencias. “La multiplicidad de licencias —a nivel nacional y para todos los servicios— en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo, según corresponda”.

El proyecto aprobado obliga a los multimedios a desprenderse de empresas en el plazo de un año, impide a los operadores de cable tener canales de televisión abierta, reduce de 24 a 10 la cantidad de licencias de radiodifusión que puede tener una empresa y ordena una reserva de espectro en tres partes iguales, una para concesiones de uso comercial, otra para uso del Estado en medios de servicio público y otra para medios de uso social sin fines lucrativos. Los principales consorcios mediáticos que saldrán afectados, sin duda serán el grupo Clarín (Argentina) y el grupo PRISA (Español). En el primer caso, posee televisión por Cablevisión, Televisión satelital, Televisión abierta, Radiodifusión sonora, entre otros, por lo que la ley lo obligará a cerrar canales de cable.

El grupo español Prisa que ha logrado hacerse de una cadena de estaciones en varios países de América Latina, en el caso de Argentina deberá desprenderse de varias emisoras para ajustarse al nuevo límite.

Ha sido muy interesante observar cómo también allá, se reeditan las viejas cantaletas de “atentado a la libertad de expresión”, la manera en que se exporta por diversos países el fantoche de la “ley mordaza” y cómo los monopolios al no poder esbozar ningún argumento sólido, se refugian en embustes informativos, chantajes y descaradas amenazas. Ese formato es lo que de singular manera avivó el debate y concitó un inusitado interés social por la iniciativa.

Es un paso decisivo que debe animar a los Congresos Nacionales para poner bajo supervisión del Estado una actividad tan esencial para la democracia, como lo es la radiodifusión.

El manejo informativo sobre este tema, está siendo manipulador. En varios de los cables que surgieron con motivo de este avance legislativo, la mayoría de las agencias internacionales de noticias han trasladado de manera distorsionada los contenidos de la ley, y de manera interesada, han destacado —ahora sí—, “la oposición” a la nueva ley del Diputado Miguel Bonasso (Buenos Aires, 1940).
Voz de prestigio y trayectoria decantada hacia lucha por la democratización de los medios de comunicación, el autor de “Recuerdo de la Muerte”, no votó en contra del dictamen como se ha dicho, sino que se abstuvo en lo general. Reconoció tanto en la discusión de comisiones como en el debate del pleno las bondades de la ley, “aunque me hubiera gustado que se llamara de comunicación social”. Bonasso fue conducido a la abstención esencialmente por el hecho —lo dijo en la reunión plenaria—, debido a que la autoridad de aplicación (léase órgano regulador) no quedó en la integración y dependencia exclusiva de la Cámara de los Diputados. Tampoco creo que tenga razón, pues ya hemos visto que no necesariamente los Congresos son garantes per se del interés público, si no que nos pregunten a nosotros sobre la Ley Televisa.

Por lo demás, y ya habrá ocasión para ir explicando al detalle esta nueva legislación, ojalá que el ejemplo argentino cunda en América Latina y particularmente en nuestro país. Siempre he creído que una mujer puede aspirar a la primera magistratura de nuestro país y que cada día evoluciona de mejor manera la conciencia colectiva sobre la asunción de esa posibilidad, pero espero que ello no sea condición necesaria para que en nuestro país cambie la legislación en materia de radio, televisión y telecomunicaciones.

Esa aspiración adicionaría complejidades a la batalla contra los pusilánimes y los negociantes de la política, pues tendríamos que pelear también contra el machismo y la misoginia. Ojalá que las faldas de Doña Cristina, bien y elegantemente puestas, sean suficientes para instigar a sus colegas presidentes del continente a dar el paso; que sirva su acción “galopeadora contra el viento” al anhelo latinoamericano que se plasmó hace treinta por UNESCO en el documento conocido como “el informe Mac Bride”: el reconocimiento de un solo mundo, con voces múltiples.

(*)Periodista mexicano, ha sido diputado y senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Chihuahua, México. Este artículo ha sido publicado el 22 de septiembre de 2009 en www.javiercorral.org y reproducido por el periódico La opción de Chihuahua (www.laopcion.com.mex) el 26 del mismo mes.